Introducción

Al hablar sobre pedagogía es común remitirse a técnicas de enseñanza-aprendizaje dirigidos desde una institución formal, propiamente en un aula, con un profesor dictando lecciones desde una palestra o un pizarrón, estudiantes siguiendo con atención las premisas esbozadas por el docente, la toma de notas, procedimientos evaluativos, etcétera; asimismo, es usual imaginarse que las acciones pedagógicas refieren a procesos controlados donde la instrucción es un acto pacífico, estable y siempre provechoso tanto para el alumno como para el maestro, lo cual representa un cuadro idílico donde observamos a la educación como baluarte en el desarrollo de nuestra sociedad.

Algo similar sucede cuando referimos a la educación ambiental, pues es habitual también, idealizar esta actividad como un programa que nos permite adquirir capacidades intelectuales y prácticas para la sana convivencia con nuestro medio biofísico, así como herramientas para la gestión adecuada del ambiente.

Sin embargo, la realidad en diversas comunidades no es esa. En distintos territorios de nuestro país existen pueblos que se encuentran atravesando por conflictos socioambientales, derivados de la intención de imponerles algún megaproyecto que impactará de manera crucial sus vidas y ante los cuales han conformado procesos y acciones de resistencia comunitaria. En estos conflictos socioambientales se están enfrentando, tal como lo establecen Rodríguez Wallenius (2015 y 2020) y Paz (2014), estilos y proyectos de vida diametralmente opuestos, así como las formas de concebir el bienestar y el desarrollo para las sociedades, y en donde podemos observar que las posturas parecen irreconciliables, pues por un lado está un modo de concebir a la naturaleza como un hogar, una aliada o una madre, mientras que por el otro se le percibe como un objeto, como un almacén de recursos y como ente obligado a proveer de satisfactores materiales al ser humano.

Dentro de estas acciones colectivas de resistencia existen, como lo menciona Azamar (2020), sentidos de solidaridad común que provocan efectos positivos en el entorno biofísico y en la propia comunidad, tales como, transformaciones políticas y conductuales de la población y de las propias autoridades, la concientización en ciertos temas, así como también ejercicios de beneficio colectivo, alternos a la propia causa que dio origen a su conjunción como resistencia.

Por consiguiente, en el presente trabajo nos dimos a la tarea de conocer profundamente cómo se significa y vive de manera cotidiana una resistencia comunitaria ante un conflicto socioambiental, con el propósito de analizar interpretativamente a través del método inductivo, los elementos que promueven el aprendizaje de una colectividad para la construcción de procesos de sustentabilidad para la vida, más allá de un modelo de desarrollo.

De tal suerte, se encontraron diferencias fundamentales en cómo se construye una pedagogía emergente de la educación ambiental para la sustentabilidad, inmersa en una lucha por defender un territorio y unas prácticas relacionales estrechas con el ambiente, así como con el mantenimiento de prácticas y saberes ancestrales, por un lado; y por el otro una educación ambiental vista como un programa formal e institucional que promueve una perspectiva limitada del respeto hacia la vida.

Para lo cual se contactó a actores sociales clave que juegan un papel, ya sea de liderazgo o vocería en dos resistencias comunitarias activas y que enfrentan la intención de desarrollar un megaproyecto infraestructural en sus respectivos territorios; y a los cuales se les realizó una entrevista en profundidad como medio para conocer, abstraer y comprender desde su propia voz la compleja realidad particular que viven sus comunidades.

Los integrantes de estas resistencias son asumidos en este esfuerzo investigativo como colaboradores y cogeneradores de conocimiento, ellos son:

Rubén Mayén González (RMG), participante activo en la resistencia comunitaria de Jilotzingo, Estado de México, donde enfrentan el conflicto socioambiental por el interés de una empresa de construir un conjunto habitacional en el bosque de dicho municipio, denominado: “Bosque diamante”.

Gabriel Espinoza Íñiguez (GEÍ), participante activo en la resistencia comunitaria de Temacapulín, Jalisco, donde enfrentan un conflicto socioambiental por el interés de los gobiernos federal, así como de Jalisco y Guanajuato por construir una presa hidroeléctrica, denominada: “Presa El Zapotillo”.

El presente documento está inscrito en la perspectiva cualitativa de investigación, y utiliza el método inductivo para acercarse al problema de estudio y para la recolección y análisis de datos. Las técnicas utilizadas para la obtención de información fueron la entrevista a profundidad, el seguimiento hemerográfico, el análisis documental y la triangulación de información con actores externos. Es importante destacar que este trabajo es parte de una investigación más amplia y con mayores alcances que corresponde a una tesis doctoral en proceso de elaboración.

Referente a los alcances de este trabajo, el interés se centra únicamente en la visión y postura de dos actores clave, que son reconocidos por cierto liderazgo de las luchas en las que participan, pero que por ningún motivo se toman como la única expresión o referencia válida para sus causas; se parte de que todos los integrantes, independientemente de la función que realicen al interior, son importantes y con una perspectiva particular, sin embargo para efectos prácticos se tomarán las experiencias de estos colaboradores.

Conflictos socioambientales

En primera instancia, haremos una diferencia conceptual importante entre problema y conflicto ambiental, ya que cada vocablo remite a una situación distinta, como lo manifiesta Paz (2014), muy comúnmente se suele confundir a los conflictos con los problemas, dado que ambos términos están relacionados, pero no se implican necesariamente, y mucho menos son sinónimos; ya que bien pueden presentarse problemas ambientales, tales como la contaminación atmosférica, la erosión de suelos o la mala calidad del aire, sin que obligatoriamente se genere una situación de conflicto.

Desde la perspectiva de Lezama (2008), los problemas ambientales no emergen a la zona pública en función de su amenaza real o de su gravedad objetiva, es decir, aunque muchos de los problemas representen una seria complicación para las personas, no precisamente se transformarán en una cuestión conflictiva. No existe, por tanto, -según Lezama- una relación proporcional entre daño, conciencia y protesta (conflictividad), es más bien la construcción social que se hace de la situación la que promueve una relación de tensión. En suma, un problema de corte ambiental, por más condiciones tangibles y objetivas que posea en cuanto a una amenaza real o potencial, no necesariamente se convertirá en un conflicto, sino antes de pasar por un proceso de valoración y filtración que lleve a que se construya socialmente como tal.

El propio Lezama (2008), resalta la existencia en las Ciencias Sociales de un campo de análisis en el que la reflexión de los problemas ambientales enfatiza su construcción social, en donde la relevancia o irrelevancia que adquieren no está en función de la magnitud del daño que pueden provocar o de la veracidad de su presencia física, sino más bien de la manera en la que son internalizados por la sociedad en los ámbitos normativos, cognoscitivos y simbólicos. Así pues, no necesariamente los problemas ambientales con mayor impacto (potencial o real) o las amenazas más graves son los que pueden preocupar más a la sociedad.

En su caso Azamar (2020), explica que los conflictos socioambientales enfatizan problemáticas y demandas sobre los bienes naturales (BN), en donde algún actor necesariamente (persona o grupo), se vea amenazado en su existencia o identidad para oponerse al desarrollo de dichas actividades, las cuales estarán enmarcadas en una valoración negativa que afecta tanto al ambiente, como a la sociedad. En consecuencia, el surgimiento de los conflictos socioambientales tiene que ver en su inicio con la debilidad de las normas e instituciones que protejan estos elementos y que encausen la discusión y los enfrentamientos hacia procesos constructivos que conlleven tanto el bienestar de la población, como la protección ecológica.

Igualmente, Azamar[1] (2020), apunta que en los movimientos socioambientales que derivan de un conflicto ecológico, existe una mayor heterogeneidad que en cualquier otro tipo de movimiento social, pues se manifiesta de manera clara cuáles son los grupos sociales más afectados; al mismo tiempo que se ilustra la amplia diversidad de actores inmersos en una conflictividad socioambiental, la cual apunta a que la crisis ambiental es una realidad generalizada.

De acuerdo con Paz (2014), los conflictos socioambientales pueden distinguirse porque giran en torno al ambiente, sus bienes, sus servicios, y especialmente, su significación. Así pues, los BN (como bosques, tierras, aguas, etc.), han sido históricamente objeto de confrontación entre aquellos que buscan su control y quienes se resisten a ser despojados del mismo, o bien intentan recuperarlo; de igual manera las formas de gestión ambiental han sido motivo de enfrentamientos entre poseedores, usuarios y administradores de los BN; pero para esta autora, los conflictos socioambientales de los años recientes poseen cuatro características particulares que los diferencian de los de épocas pasadas:

…[primero] llaman la atención sobre la afectación o el riesgo de afectación socioambiental como la causa principal que desencadena los enfrentamientos. (...) [segundo] No se trata de conflictos que se articulan en torno al acceso, el uso o la gestión de un determinado recurso natural (aguas, bosques, tierras), aun cuando éstos puedan estar directamente involucrados. En los conflictos socioambientales de hoy es el ambiente mismo, como ámbito de vida y espacio de sobrevivencia ecológica, económica y sociocultural, lo que se disputa desde posiciones de poder. (…) la controversia se teje sobre la dimensión material y simbólica del ambiente; se construye alrededor de su propiedad, acceso y uso, pero también de su construcción social. [tercero] …por las instancias organizativas que se despliegan a partir de ellos y por sus formas de expresión en diversos ámbitos y mediante diversos lenguajes, manifestados a través de actores heterogéneos y prácticas heterodoxas. [cuarto] …refiere al contexto de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales en el que se presentan y que a su vez los configura como un conjunto de conflictos insertos en la trama del poder global, y no como un puñado de casos aislados que encuentran su explicación en las particularidades de las dinámicas locales. (13-14).

Asimismo, Rodríguez Wallenius conceptualiza los conflictos socioambientales como aquellos que están ligados al acceso, conservación y control de los BN, que suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a los mismos, en un contexto de asimetría de poder; y que a su vez, defienden sus formas de vida, esto es, un conjunto de relaciones y percepciones que incluyen la tierra, sus vínculos con la naturaleza, así como las relaciones sociales, culturales y de poder que se tejen entre los grupos de la población. Desde esta perspectiva, los conflictos socioambientales:

…representan un campo más amplio de acciones colectivas en el tema ambiental e incluyen a los procesos emergentes que enfrentan las poblaciones bajo diversas modalidades económicas, las cuales están basadas en la expoliación de bienes naturales y la devastación del entorno natural, frente a las que se exigen modalidades de justicia ambiental, es decir, no sólo se refiere a la distribución de costos y beneficios, sino que también aborda los reclamos de participación y reconocimiento, como las formas de negociar más beneficios para los pobladores locales o para mitigar los impactos ambientales que los afectan. (2020: 44).

La disputa entre dos o más actores por un territorio, su ocupación, control o administración, así como los BN en él existentes, no tiene que ver exclusivamente con cuestiones monetarias o beneficios económicos implica, además, los posibles usos que se le dé a ese territorio y a los bienes, algunos de los cuales pueden constituir severos daños al entorno biofísico, así como a la relación armónica y cultural que distintos grupos establecen con la naturaleza. Prácticas o rituales culturales de diversas colectividades están íntimamente relacionadas con el entorno y su valoración subjetiva no radica en el valor de cambio. El territorio no es solo un espacio geográfico que se pueda intercambiar de manera sencilla, es, sobre todo para ciertos grupos de población, una significación para sus medios y modos de vida, así como para su cultura y cosmovisión.

Resistencias comunitarias / luchas socioambientales

Brevemente hemos de referir que la noción de resistencia puede asumir significados diferentes en función del contexto en que se usa; pero al utilizarla en contextos políticos y socioculturales se relaciona con situaciones en las cuales la correlación de fuerzas resulta particularmente desfavorable, señala Baschet (2019), por lo que frente a una dominación que pretenda arrastrar con todo, los grupos en resistencia luchan incluso por defender su propia existencia. Enfatiza el autor, que apenas “hay una relación de poder, hay una posibilidad de resistencia”, y a su vez hace una acotación significativa para la categoría de resistencia, y es que esta sigue definiendo hoy en día una dimensión muy importante de las luchas sociales, en particular frente a los proyectos neoliberales, los despojos y la mercantilización de la vida que provocan.

En términos generales, resistir remite a una acción de combatir algo o a alguien, es decir, oponerse a aquello con lo que no se está de acuerdo, es un rechazo, marcar un alto, decir basta a una situación o persona en particular; igualmente, remite a no querer aceptar una cuestión determinada, con lo que se asume un lado positivo de la palabra al hacer alusión a que se requiere de fuerza, capacidad, vigor o tenacidad, precisamente para oponerse a la cuestión indeseada.

Para los pueblos o colectivos que ven amenazados sus medios de vida, su cultura, su cohesión y el bienestar de su ambiente por la implantación de proyectos extractivistas en sus territorios o los intentos de despojo, la resistencia o lucha desde distintos ámbitos es la única vía para enfrentar tales asedios, puesto que en la mayoría de los casos el capital viene respaldado por el Estado con discursos y acciones violentas que tienen como principales justificaciones el “desarrollo” o el “bienestar de las mayorías”.

Resulta primordial destacar que, dentro de los actuales conflictos socioambientales y las resistencias comunitarias que provocan, las partes confrontadas no solo se disputan el control o posesión de un territorio o de los BN, lo que está en juego son proyectos de vida contrapuestos, estilos de percibir la naturaleza diametralmente diferentes, prácticas sociales con sentidos opuestos; pues como lo indica Paz (2014), la disputa va más allá de los aspectos distributivos, ya que en los conflictos socioambientales emergidos en el contexto de expansión del capital, despojo de BN y deterioro ambiental, también se están disputando diferentes valoraciones del ambiente, así como modelos de vida distintos.

Así pues, en los procesos de resistencia comunitaria por conflictos ambientales, menciona Rodríguez (2015), se expresa la conflictividad entre dos formas contrapuestas de apropiación del territorio o proyectos de vida disímiles, una vinculada con las empresas (y apoyada por los gobiernos), que lucra con el despojo y destrucción de los territorios rurales y, otra, la de los pueblos indígenas y campesinos que defienden sus formas de vida vinculadas a la tierra, la producción agropecuaria, la naturaleza, la cultura y la organización comunitaria.

Enfatiza Rodríguez (2015), que el proyecto de vida indígena, campesino, rural, lo que defiende es un conjunto de relaciones y percepciones que incluyen la tierra, sus vínculos con la naturaleza, las relaciones sociales y de poder que se tejen entre los grupos de la población locales, la historia común, la identidad y el arraigo, así como la forma de producción y de distribuir lo producido, el paisaje, las costumbres, la manera de organizarse y de tomar decisiones públicas, entre otros aspectos que configuran las formas de vida en un espacio dado. Por el contrario, el proyecto confrontado es el que promueven las empresas, apoyadas generalmente por los gobiernos, e incluso, hasta por algunos sectores académicos –resalta el autor- y dicho proyecto percibe al territorio sólo en su dimensión material e instrumental, puesto que quieren usar los espacios para adecuarlos a sus requerimientos de producción, usufructo y/o transportación de los BN, la explotación de mano de obra especializada o con el fin de utilizar las ventajas climáticas y de fertilidad para la generación de productos de alto valor y rentabilidad, con el propósito de mantener el proceso de acumulación y del ejercicio de las relaciones de dominio.

Para comprender plenamente esta diferencia de proyectos de vida es importante referir el marco epistémico con el cual cada uno de los actores percibe a la naturaleza y su relación con ella, en primer término, en la postura indígena, campesina o rural, permea una visión holística, integral entre el ser humano y su entorno, es decir, no existe división entre ellos, están íntimamente relacionados y, por tanto, las variaciones en cada uno afectan directamente al otro, la relación es indisoluble y genera significaciones simbólicas que orientan el actuar de las personas en relación a su vínculo con la naturaleza, por tanto el respeto hacia ella es manifiesto al considerarla como un hogar, una protección o incluso como una madre.

Por su parte, aquellos que promueven vehementemente los proyectos extractivistas y meramente instrumentales de la naturaleza (empresas y gobiernos), la perciben desde un marco epistémico que establece una clara diferencia entre esta y el ser humano, es decir, una división tajante, donde este último está por encima de la primera y sus necesidades son objeto de la mayor importancia, en tal sentido, de la propia naturaleza se deben extraer todos los elementos para la satisfacción de dichas necesidades, pero sin medida alguna o sin contemplar que una afectación profunda al entorno biofísico puede incidir perjudicialmente en la vida de las personas, pero sobre todo, afectación a la vida toda. Desde esta perspectiva, el hombre siempre es concebido como dominador de la naturaleza, la cual es un mero objeto que le provee bienestar material.

En las resistencias comunitarias se encuentra presente la posibilidad y aspiración de una vida fuera del proyecto político, económico y social hegemónico, es decir, de la existencia de un modo de vida alterno, de una relación y vínculo con la naturaleza distinta al modelo dominante, de la construcción de otro u otros mundos posibles, del rescate y revaloración de una cosmovisión ancestral, de un rumbo social que no aniquile a la naturaleza, en suma, de una forma de vida sustentable (Paz, 2014; Rodríguez, 2015 y 2020).

Y es justo en esta lucha por un proyecto alterno de vida donde se genera una pedagogía emergente enfocada a una educación ambiental de la sustentabilidad (EAS); es decir, en los procesos de defensa para evitar ser despojados, para impedir la devastación ambiental y para prevenir su desaparición o desplazamiento como pueblo o colectividad, la resistencia comunitaria está produciendo sentidos de vida emergentes a través de prácticas formativas donde la población aprende a implementar procesos de sustentabilidad para la vida con base en la revaloración de sus saberes y prácticas ancestrales, mismos que apuntan a una relación armónica y de respeto con la naturaleza, en suma, procesos de aprendizaje para una vida digna.

Marco Contextual

Jilotzingo: Un bosque bajo la mira[2]

En mayo de 2016 una empresa constructora creada ese mismo mes, denominada: “Bosque Avivia 58, S.A. de C.V.” comienza los trámites administrativos para la construcción de un conjunto habitacional que comprendería la utilización de 238 hectáreas lo que implicaría la deforestación de cerca de 186 mil árboles, para edificar un total de 19,985 viviendas en medio del bosque ubicado en el municipio de Jilotzingo, Estado de México y que es conocido como bosque de agua, el cual es una importante cuenca.

En ese mismo año la empresa obtiene la mayoría de los permisos de construcción por los distintos ámbitos gubernamentales. Para el mes de agosto de 2017, dicha constructora recibe la aprobación por parte del gobierno estatal del último trámite administrativo, y mediante la publicación oficial en la Gaceta de Gobierno de la entidad, es sancionado positivamente en su totalidad el proyecto inmobiliario.

En ese mismo agosto de 2017, la población que, si bien ya tenía indicios extra oficiales sobre la posible edificación de un conjunto residencial en el bosque, se entera a través de diversos medios de comunicación que tal megaproyecto inmobiliario está totalmente avalado y autorizado por los tres órdenes de gobierno. A raíz de esto, algunos habitantes del municipio comienzan un proceso de reunión vecinal para comunicarse lo acontecido, informarse fielmente sobre dicha intención e iniciar una acción colectiva de resistencia comunitaria ante tal megaproyecto infraestructural, constituyéndose de esta manera un conflicto socioambiental en Jilotzingo.

Esta resistencia comunitaria destaca tres principales factores para oponerse a que se lleve a cabo el megaproyecto habitacional: el primero es la devastación del ecosistema, lo cual representaría la pérdida de miles de especies de flora, fauna, insectos y hongos, destacando los casi 186 mil árboles en la zona, especies en riesgo o en peligro de extinción, algunas endémicas, además de la pérdida de millones de litros de agua por infiltración al pavimentar esas 238 hectáreas de bosque en un contexto de acelerada disminución de los mantos acuíferos de la zona, sumándole el cambio radical al que sería sometido el paisaje natural.

El segundo factor tiene que ver con la fragmentación de las relaciones culturales y socioambientales de la comunidad, puesto que la magnitud del megaproyecto representaría que de un momento a otro llegaran a vivir al municipio, alrededor de 80 mil personas, es decir, cuatro veces más de la población actual que es de casi 20 mil habitantes; dicha situación traería consigo la pérdida del control político del territorio, el rompimiento de los medios y modos de vida de una parte importante de la población, la ruptura de costumbres y tradiciones, el impedimento del libre tránsito por un territorio que es reconocido como propiedad social, el quebrantamiento de las relaciones armoniosas de la comunidad con la naturaleza, entre otras.

El tercer factor para la oposición a la mega obra radica en que, según ejidatarios de Jilotzingo, se estaría consumando un despojo territorial con la venia de todos los ámbitos de gobierno, puesto que reclaman la propiedad de 130 de las 238 hectáreas donde se pretende edificar el residencial: “Bosque diamante”.

Ante tal situación de conflictividad socioambiental y por la magnitud de las dimensiones del megaproyecto, no solo infraestructurales, sino de amplias implicaciones sociales, ecológicas, políticas, económicas y culturales, resulta fundamental abordar desde la academia este fenómeno social; pues en él se están debatiendo dos visiones de vida o proyectos de desarrollo con su particular manera de concebir este concepto.

Temacapulín: insurrección de los invisibles

En el estado de Jalisco, México, en la zona conocida como, Los Altos, se construye un megaproyecto infraestructural hidráulico: “La presa El Zapotillo”. En esta obra, que se realiza con presupuesto federal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en convenio con los estados de Guanajuato y Jalisco, intervienen también empresas de capital español como “Fomento de Construcciones y Contratas” (FCC), que amenazan con desplazar a tres comunidades milenarias: Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el embalse afecta alrededor de 4,800 hectáreas, y donde se suman rancherías y predios por donde pasará un acueducto de distribución de Jalisco a Guanajuato que no permitirá tomas de agua alternativas, por lo que afectará también al sistema de producción agrícola en pequeña escala. (Espinoza, 2012)

La presa “El Zapotillo” ha sido cuestionada por las comunidades afectadas, especialmente por la comunidad de Temacapulín, que es la congregación más grande y organizada, donde la resistencia a la obra ha sido más consistente y vigorosa. Las comunidades afectadas apelan a los tratados internacionales que México ha firmado en el ámbito de protección de los derechos humanos, también se han basado en diversos documentos internacionales como el de la Comisión Mundial de Represas y se han asesorado con profesionales de distintas áreas que los han provisto de información y revelado cómo las grandes represas traen más perjuicios que beneficios. Y, sobre todo, los habitantes que se verían afectados han afirmado que ellos quieren seguir siendo pueblos, que no quieren ser desplazados, que tienen derecho a soñar y realizar su futuro; piden que se busquen otras alternativas que no los desaparezcan. Incluso, que no son opositores al “desarrollo” como los estigmatizan las autoridades, sencillamente han decidido conservar su ubicación geográfica, prácticas milenarias, religiosas, deportivas y culturales, como desde el siglo VI, y desean transmitir parte de ese legado a las generaciones venideras. (Espinoza, 2012)

Se constituyó el Comité “Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo”, que es el ente social y político donde confluye la resistencia y en torno al cual las comunidades afectadas se han aglutinado para hacerle frente técnico, político, mediático y jurídico al gobierno. Dicho comité ha expuesto en diversos foros, tanto en México como en otros países, los graves impactos que este proyecto hidráulico le causaría a las poblaciones de estos municipios, enfatizando que las propias represas son un modelo obsoleto de abastecimiento de agua y energía, además de que afectan drásticamente la calidad de vida de las comunidades directamente afectadas. (Espinoza, 2012)

La presa “El Zapotillo” viola sistemáticamente los derechos humanos de los habitantes de tres comunidades. Es una amenaza para el territorio de estas poblaciones y vulnera los derechos tanto individuales como colectivos de las mismas. El desplazamiento forzado al cual quieren someter a los pobladores no cumple con los requisitos mínimos de la ley, pero, aunque se cumplieran, las comunidades se niegan a aceptar que sus derechos como minoría sean brutalmente aplastados por las mayorías. Aunado a todo esto, la resistencia comunitaria a través de un proceso de información y formación sobre el tema ha expuesto enfáticamente en diferentes foros las múltiples afectaciones irreparables al ecosistema y a la propia vida cultural de estos pueblos, pero además, ha evidenciado que los supuestos beneficios no corresponden con lo señalado por los gobiernos y que existirían mejores alternativas, sin embargo, los beneficios económicos que recibirán las empresas involucradas en la construcción del proyecto y en el acaparamiento del agua, son tan poderosos que impulsan a que las autoridades gubernamentales no cesen en continuar con el proyecto a pesar los daños al entorno y a las comunidades.

La región donde se ubica el proyecto de la represa es heredera del abandono, la pobreza, altas tasas de migración, pocas oportunidades de empleo, de opciones de vida y rezago educativo.

Así como la falta de servicios de salud, de espacios de recreación, de expresión cultural, de cacicazgos y de violencia.

Pedagogía de la resistencia comunitaria para una EAS

En México, y prácticamente en toda América Latina, los pueblos indígenas, campesinos o rurales han sufrido amenazas y agravios constantes, han sido objeto de despojos, de violaciones a sus derechos, de discriminación, de insultos y humillaciones, de abandono por parte de las autoridades, de marginación y exclusión, en suma, han sido sometidos a violencias sistemáticas que atentan contra su cultura, su dignidad y su vida misma. Pero dicha situación no es nueva, como los propios pueblos originarios lo refieren, los agravios iniciaron hace 500 años con la invasión de sus tierras por parte de conquistadores, con la llamada: época de la colonia.

Durante todo ese tiempo y hasta nuestros días, con los diversos sucesos acontecidos en este continente, llámense independencias, creación de Estados nacionales, revoluciones, reformas, emancipaciones, políticas indigenistas, etcétera, el panorama ha sido prácticamente el mismo para estos colectivos, por lo cual manifiestan, que si el ultraje inició hace 500 años, al mismo tiempo nació su resistencia. Resistencia para persistir como culturas, como comunidades, como habitantes de este territorio, con sus propias formas y estilos de vida, es decir, con sus propias cosmovisiones. Por ello, estos pueblos han creado la categoría denominada, “500 años de resistencia”, puesto que para ellos ya es parte de su vida cotidiana el defender sus formas y sus medios de vida, además de su propia existencia.

En todo este tiempo han aprendido a sobrevivir en un medio hostil, y ciertamente en los últimos 30 años aproximadamente, sus luchas se han transformado, pues tales luchas producen sentidos, sentidos de vida distintos a los de una lógica neoliberal y agresiva con la naturaleza. Resistiendo los asedios a sus territorios y BN, promueven otras formas de vida y adecúan sus estrategias para no ser despojados, desplazados o que se destruyan sus prácticas culturales y medios de vida. Es decir, de la lucha, de la defensa, de la resistencia han creado una pedagogía ambiental para la vida, formando a sus distintas generaciones, con lo que se puede considerar como una educación popular, a fin de que sigan abriendo camino para la diversidad de la vida en todas sus formas, para la pluralidad de pensamientos y culturas (y no la imposición de una cultura dominante y hegemónica), para la interculturalidad, para el respeto, la paz, la solidaridad, la fraternidad; en suma, las comunidades asumidas en resistencia fomentan una educación ambiental para la sustentabilidad: sustentabilidad para la vida toda.

Las comunidades con una herencia cultural amplia generan una fuerte identidad con su territorio, es parte de las relaciones socioambientales construidas a lo largo de su vida, no puede pensarse el territorio como un accesorio intercambiable o negociable, el entorno es parte de la vida misma, esas son cuestiones fundamentales para la oposición a megaproyectos infraestructurales que provocan conflictos socioambientales, en un primer momento, posteriormente se incorporan nuevas razones y justificaciones, pero la defensa del lugar donde se ha vivido y donde se tienen lazos intersubjetivos motiva la férrea oposición. Esta misma herencia cultural es la que permea en una visión comunitaria y solidaria de la vida, pero no solo entre los seres humanos, sino de estos con el propio ecosistema; las enseñanzas ancestrales promueven el interés general sobre el individual, la pérdida o debilitamiento de este pensamiento es en el que muchos pueblos ven la raíz de la descomposición social y ambiental:

“…te decía, que la sociedad actual nos está educando para solo ser responsables de uno mismo, en el sentido de cuidar mi seguridad, ¿para qué estudio, para qué trabajo? para mí, solo para mí, y poco nos han inculcado en ver por los demás, y allí es donde yo admiro a mis pueblos originarios, porque ahí si se inculca el arraigo al pueblo, desgraciadamente con la urbanización o el crecimiento de las poblaciones se va inhibiendo eso, va perdiendo ese sentido que es muy propio de los pueblos, ¿no? Decimos: mi pueblo es un apego, es algo que sentimos, pero que es en bien de la comunidad y la sociedad, pero ya en el sistema capitalista nos han enseñado a ver por nosotros mismos únicamente, y yo veo a muchos que nada más buscan su seguridad personal y no ven más allá, que en la seguridad comunitaria vamos inmersos todos. El cuidar el medio ambiente, es cuidar nuestra vida, la de todos, y en esa tendencia de buscar la economía o mi seguridad personal, perjudicamos las fuentes de vida, entonces es decepcionante, las ciudades están creciendo desmedidamente por eso te digo que parecen el apocalipsis [risas]…” (RMG, luchador ambiental, Jilotzingo, 26 de marzo de 2021)

Los pueblos en resistencia han aprendido a defender su territorio y su cultura, desafortunadamente, por las vías más dolorosas para dicho aprendizaje, lo han hecho al calor de las luchas y bajo amenazas, acosos, intimidaciones y peligros. Han aprendido sobre leyes y regulaciones nacionales e internacionales, sobre acuerdos y tratados, sobre prácticas administrativas-gubernamentales, sobre organización de consultas locales, nacionales y transnacionales, sobre manejo de nuevas tecnologías de la comunicación, sobre resistencia civil, sobre protocolos políticos, técnicas de cabildeo, y aun cuando conocen y saben cómo cuidar sus ecosistemas, pues el estado de preservación de los territorios que resguardan lo evidencia, no se han negado a aprender cuestiones técnicas para el manejo de sus propias tierras, integrando así sus saberes milenarios con conocimientos científicos. Aprendieron sobre el funcionamiento de las presas, sobre sistemas hídricos, sobre captura de carbono, sobre cantidades que se dejan de infiltrar al suelo por metro asfaltado, sobre manejo sustentable de proyectos de inversión, sobre materiales adecuados para la construcción, sobre riesgos climatológicos, y un largo etcétera que han aprendido las comunidades ante un conflicto socioambiental y por el cual constituyen una lucha, una resistencia, una pedagogía para la vida toda.

“…nosotros aprendimos a hacer varias rutas para la defensa, una era la vía jurídica, la vía política, del cabildeo, la otra era la vía de los medios de comunicación social, entonces aprovechar, radio, televisión, periódicos, difusión del caso por las redes sociales, la resistencia civil pacífica, como las marchas, plantones, manifestaciones, fuimos a la Ciudad de México y en el zócalo capitalino se escribió con chile de árbol, del que cosechamos acá, NO A LA PRESA EL ZAPOTILLO, se hicieron cartas y oficios para el presidente Felipe Calderón en su momento, para Peña Nieto después, e inclusive nos metimos al baile, yo en ese tiempo, ejercía como sacerdote católico, y también me acerqué a las diócesis de Guadalajara, de San Juan de los Lagos, para intentar concientizar sobre el tema del agua, inclusive en 2014 cuando el papa Francisco nos regaló la encíclica “Laudato-Si” también intentamos desde las instituciones religiosas, desde las diócesis tener una postura clara, cosa que no sucedió, pero al final de cuentas, se intentó pues, o sea varia rutas, incluso hicimos una consulta en 2011 o 2012, una consulta comunitaria en la que tuvimos el apoyo de algunos obispos, como Samuel Ruiz de México, Luis Infanti de la Patagonia chilena y todo esto sucedió como un fruto del Encuentro Mundial contra las Presas (…) tomamos durante 22 días donde se estaban construyendo las casas para la reubicación y después tomamos la presa el Zapotillo durante diez días, ya prácticamente suspendiendo las obras y obligando al gobierno federal a sentarse con las comunidades a dialogar, lo que se llamó, Mesas de Diálogo, que fueron en abril de 2011, entonces ahí ya se empezó a subir de tono la lucha de los pueblos…” (GEÍ, luchador ambiental, Temacapulín, 29 de octubre de 2020)

Las enseñanzas al estar en una acción colectiva de resistencia son muchas, tal y como lo expresaron en distintos momentos los líderes de las luchas abordadas, Jilotzingo y Temacapulín, pero de entre las cosas más duras y difíciles que han tenido que aprender, es que a sus propias autoridades no les interesan sus formas y medios de vida, sus anhelos, su historia, su cultura, sus saberes, sus prácticas, sus intereses, sus derechos, su bienestar o el de sus territorios, mucho menos, si tienen que transformar radicalmente su estilo de vida de la noche a la mañana; a sus autoridades simplemente lo que les interesa son los megaproyectos de alto impacto, continuar con el modelo de grandes ciudades, sin reparar que justamente el campo es lo que mantiene el estilo de vida de esas ciudades, y lo que les interesa por supuesto, es realizar “jugosos” negocios con la iniciativa privada.

La asociación entre políticos y empresarios por el supuesto progreso o desarrollo social o en el mejor de los casos, el beneficio de las mayorías, está plagada de irregularidades y de acciones contrarias al interés superior del pueblo. La urgencia por aprobar proyectos, por instalarlos y comenzar a recibir ganancias desproporcionadas respecto de la inversión, ha hecho que los gobiernos cometan muchos errores, pero, sobre todo, verdaderos atentados contra la población a la cual representan. Dentro de los propios órdenes de gobierno, existe descoordinación y desinformación, provocando irregularidades que se materializan en daños a las poblaciones.

“…yo ya fui presidente municipal priísta en los noventa y te lo puedo decir, que llegan a decirte, oye dice el gobernador que hagas esto, sino lo haces, te van a hacer auditoría de mala fe, [risas] así se manejan…” (RMG, luchador ambiental, Jilotzingo, 26 de marzo de 2021)

“…yo ahora comparo las autopistas con los megaproyectos hídricos, porque tienen una concesión y empiezas a comprender que este tema no tiene una justificación de bien social, de bien común, sino que hay intereses privados, hay una concesión o concesiones de construcción de acueductos, de distribución del agua por 25 años, y aquí en el Zapotillo hay involucradas empresas españolas y mexicanas, hay tres empresas, la Hermes, que es de capital mexicano de Hank Rhon, la Peninsular que también es de Hank Rhon y la FCC que es de capital español, entonces ya empezamos a conocer cómo es que se mueve el asunto económico (…) nos enteramos que la concesión de este acueducto era para otra empresa española que se llama Abengoa y que fue expulsada en el año 2000 de Bolivia cuando la guerra del agua en Cochabamba…” (GEÍ, luchador ambiental, Temacapulín, 29 de octubre de 2020)

Aunado a todo lo anterior, el nivel de criminalización hacia quien se opone a esos megaproyectos son cosas que han ocurrido con proyectos mineros, energéticos, inmobiliarios, turísticos, agroindustriales, etcétera; hay un contexto general de imponer propuestas a las comunidades, y cuando estas quieren levantar la voz, la reacción del gobierno o las empresas es bastante agresiva. Los rasgos operativos del capital y sus principales estrategias tienen múltiples aristas y maniobras, y no se puede generalizar, sin embargo, hay una constante que puede delinearse y resumirse con la siguiente idea expresada por Aleida Azamar Alonso, en una comunicación personal para este proyecto (22 de abril de 2021), en la que refiere que una manera para explicar los proyectos extractivos en este país puede ser: “expropiación por parte del capital de los BN de uso común por vías violentas, corrupción y otras, con fines comerciales para la obtención de grandes ganancias”.

No pretende decirse por ningún motivo que toda asociación entre políticos y empresarios sea negativa, sin embargo, ante el aumento exponencial de los conflictos socioambientales que muestran amplias violaciones de derechos hacia las comunidades, es claro que algo no está funcionando como debiera ser. En tal sentido, los pueblos y comunidades están siendo objeto de múltiples violencias, ejercidas o desde el Estado o desde el sector empresarial a fin de obligarlos a aceptar proyectos que alteran radicalmente sus vidas. Una de las intenciones y obligaciones éticas de este trabajo es que se difunda lo más posible y se discuta ampliamente estas alianzas que se perciben perniciosas entre el Estado y el empresariado.

“…no sé qué haya de cierto, pero le comentaron a nuestros abogados que el gobernador tuvo la desfachatez de mandar un oficio al juez que lleva nuestro caso, diciéndole que quite la suspensión, que porque es un proyecto viable para el Estado de México, que va a beneficiar y que nosotros estamos mal que no hay nada qué pelear, que no hay flagrancias, que todo está en orden y que es un proyecto bueno para el estado…” (RMG, luchador ambiental, Jilotzingo, 26 de marzo de 2021)

El ex sacerdote católico y luchador ambiental, Gabriel Espinoza sintetiza lo que ha aprendido a través de la resistencia comunitaria con su postura frente a los megaproyectos y el neoliberalismo, de manera sin igual y con una perspectiva clara y precisa:

“…mi postura es que no se puede lograr una armonía socioambiental, política y económica, sino damos una reversa a la migración del campo a la ciudad, y ya sé que para algunos sociólogos y politólogos esto es imposible, pero yo a partir de hace seis años que me fui de lleno a Temacapulín, me fui con el proyecto de generar esa reversa, cuando un maestro me dijo que era imposible, yo le dije, pues yo lo voy a hacer posible, al menos en mi persona, sino puedo cambiar al mundo, entonces voy a cambiar mi mundo, no podemos hablar de medio ambiente sano, no podemos hablar de contrarrestar el cambio climático, no podemos hablar contra megaproyectos si seguimos emigrando a las grandes ciudades y favoreciendo, como yo las llamo, las ciudades monstruo, (…) mi postura es que necesitamos armonizar y promover la agricultura familiar y promover también la pequeña industria, las universidades en medios rurales, el tema de la salud en áreas rurales, la educación alternativa popular etc., etc., etc., será muy largo, pero mi postura y mi campaña es volver a la raíz, vamos recuperando la esencia, porque la vida en muchas ciudades no es sana familiar, física, ni culturalmente hablando, entonces sí creo que en este momento de la historia tenemos que rediseñar esas políticas medioambientales, y creo que la manera más saludable de vivir, es vivir donde te conocen, donde puedes disfrutar de la amistad, de los bienes naturales, de lo que Dios nos obsequió, inclusive ahora con la pandemia, hay muchas razones para replantear nuestras formas de vida, (…) bueno y quizá no tenga yo la razón, pero si tengo razones para decir: es que si hay otro mundo posible, y que no lo estamos viviendo y no estamos permitiendo que las próximas generaciones lo tengan y lo vivan…” (GEÍ, luchador ambiental, Temacapulín, 29 de octubre de 2020)

Aunque pareciera en un primer acercamiento que las dos luchas socioambientales no tienen nada en común, en realidad comparten elementos sumamente parecidos, y es que hay cuestiones que conectan a estas dos resistencias separadas geográfica y materialmente, advirtiendo que, si bien cada lucha es distinta y particular, se pueden establecer puntos de continuidad que permitan un entendimiento en procesos similares. En primer término, es interesante observar como elemento de semejanza que los dos líderes ambientales refieren una historia de su comunidad, hablan de antecedentes ancestrales que los remiten a una herencia compartida en cada una de sus comunidades, es decir, ellos traen consigo una memoria patrimonial que les genera orgullo e identidad, sus relatos no devienen de su propia existencia física o de sus padres o abuelos, se remonta a antepasados lejanos cronológicamente, en ambos casos, prehispánicos y que fueron dejando legados en su paso por este mundo; ello les deja una carga axiológica que emerge en todas sus prácticas cotidianas de hoy en día, esto quiere decir, que no se asumen como seres aislados y desconectados en el universo, se sienten acompañados de un legado espiritual y cultural que les confiere responsabilidades para la continuidad de sus culturas y comunidades, pero también les confiere respaldo y confianza de que una historia los acompaña y guía.

Aunado a lo anterior, es manifiesto también el sentimiento de orgullo de pertenecer a pueblos que fueron parte de sucesos histórico-políticos de este país, lo que les representa inspiración, pero también corresponsabilidad con sus antepasados. Asimismo, la referencia a la participación de sus pueblos en eventos cruciales ya acontecidos los lleva a comprender que aún quedan situaciones por mejorar, pues la propia historia les ha enseñado que no siempre se obtienen las mejores condiciones, aunque se pelee por ellas.

Pero estos componentes culturales, históricos, políticos, religiosos y espirituales, que forjan una identidad común, están íntimamente relacionados con otra noción sustancial, esta es, la del territorio, el espacio físico en el que se habita y en el que se desarrolló toda esta historia compartida, pero que se percibe más allá de una mera extensión física, más bien se asume como un elemento intrínseco de sus vidas. El ambiente como tal y todos sus elementos como el paisaje, los ríos, las lagunas, los árboles, las montañas, los animales, la flora, el bosque, la tierra que se siembra y las cosechas que de ella emanan, los sonidos de la naturaleza, el viento, la lluvia, etcétera, son parte indisoluble de sus vidas, aunado a su patrimonio físico como casas, iglesias, calles, caminos, monumentos, escuelas, panteones, parques, etcétera; todo en su conjunto crea esa identidad sociocultural y ambiental, por tanto, la tierra sobre la que caminan y el cielo que aprecian todos los días es una extensión de su ser.

Si comprendemos esto, entenderemos el por qué la negativa de abandonar un pedazo de tierra, por más indemnizaciones, viviendas o promesas de mejores condiciones de vida que se les ofrezca; asimismo, se entenderá por qué la resistencia a que un bosque, un río, un lago o un valle sea modificado radicalmente o destruido por completo, por más promesas de que la urbanización les llevará desarrollo y mejores servicios públicos, puesto que casi nadie estaría dispuesto a ceder una parte de su cuerpo o de su alma por la mejora en un ingreso económico, y eso es el territorio para muchas comunidades, una parte de su cuerpo y de su ser. Comprenderemos por qué las comunidades asumidas en resistencia están construyendo pedagogías para la vida, enseñanzas a partir de sus luchas en donde se restablezcan la paz y la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, así como entre estos mismos, comprenderemos que la educación ambiental genuina promueve una formación de sustentabilidad para la vida, no para un modelo de desarrollo.

Hacia una resignificación de la resistencia comunitaria

Las resistencias de Jilotzingo y Temacapulín, se han mostrado unificadas, convencidas y decididas para defender sus territorios y sus formas de vida, sin embargo, como realidad compleja y multidimensional no todo ha sido fácil ni previsible, han tenido que fortalecer sus lazos cotidianamente y redoblar sus esfuerzos ante las presiones, acosos y amenazas a su seguridad, su libertad y su vida misma. Y como lo señala Azamar (2020), no toda la valoración o evaluación de un movimiento o acción colectiva de lucha puede calificarse en términos estrictos de éxito o fracaso o en términos cuantitativos de si se cumplió o no una demanda, aunque evidentemente en muchos casos, y los aquí expuestos no son la excepción, nacen de una causa concreta, para el caso, el impedimento de un megaproyecto, pero la misma naturaleza compleja de los problemas sociales orilla a que el impacto o éxito se valore desde perspectivas distintas, por ejemplo, los efectos provocados en el entorno y en la propia comunidad, las transformaciones políticas y conductuales de la población y de las propias autoridades, la concientización de ciertos temas -y como lo recalca la investigadora- se pueden tener resultados positivos que podrían ser diferentes de sus objetivos iniciales, ya que se generan cambios no intencionales derivados de sus acciones.

De manera muy especial para las luchas sociambientales analizadas, se puede hablar de un éxito parcial en tanto las obras infraestructurales contra las que se oponen han sido temporalmente suspendidas por autoridades judiciales, pero lo que puede considerarse como un amplio triunfo, es la categoría analítica propuesta por Azamar (2020), es decir, precisamente en términos de solidaridad común, la cual se refleja en la capacidad de unidad y reproducción de los movimientos a raíz del reconocimiento de la amenaza compartida, a saber, la resistencia de Temacapulín lleva 16 años en lucha y por su parte Jilotzingo, cuatro años. Pero más allá del tiempo, sus movimientos lograron trascender sus demarcaciones geográficas inmediatas y no sólo han logrado que la propia gente de la comunidad, aún con todas las vicisitudes que un movimiento de este tipo conlleva, se mantenga unida, sino que se han creado y consolidado verdaderas redes de apoyo y colaboración en varias partes de México y el mundo; logrando extender su movimiento a espacios que nunca hubieran imaginado al inicio de sus resistencias. De tal suerte que, independientemente de lo que suceda en el futuro, sin duda estas luchas socioambientales quedarán como referencia para casos similares y de ellas podrán abstraerse muchos aprendizajes para que la realidad de las comunidades mejore.

Es así que a través del análisis interpretativo de los datos empíricos podemos afirmar que para las luchas socioambientales de Jilotzingo y Temacapulín, los elementos que han permitido el mantenimiento de dichas resistencias, recaen en una primera instancia, en el arraigo que tienen con su territorio, es decir, esos lazos de identificación con el entorno que hacen que lo vivan y sientan como si fuera parte de ellos mismos y como un elemento de protección que les ha dotado a través de muchas generaciones, de los medios de vida y subsistencia; en tal sentido el territorio se erige como un hogar, una extensión de sus casas y al cual también están obligados en reciprocidad, a proteger.

Igualmente, el deseo de que sus prácticas culturales, sus relaciones socioambientales, sus rutinas religiosas, sus hábitos económicos y laborales, su historia común ligada a un territorio se mantengan y que al mismo tiempo trasciendan a través de sus hijos, en suma, sus modos de vida en general no se vean violentados o fuertemente afectados, es uno de los factores que congrega la resistencia y que la mantiene en el tiempo, aunque las dificultades sean cada vez mayores. Asimismo, el interés porque su ecosistema se mantenga lo más saludable posible influye de manera determinante para continuar con su participación activa contra los megaproyectos en sus regiones.

Dentro de las coincidencias encontradas en ambas luchas, tenemos que los colaboradores de este trabajo, perciben como un mismo enemigo a una forma de vida que busca comercializar los BN a través de despojar a las comunidades de sus territorios, lo que les representa una terrible amenaza, puesto que su tranquilidad y armonía con el entorno, fue puesta entredicho de un día para otro. Su cotidianidad se vio afectada, simplemente porque intereses ajenos a ellos consideraron que su territorio era propicio para un megaproyecto infraestructural que iba a beneficiar a desconocidos, a costa de su paz. Un conjunto habitacional en medio de un bosque y una presa que inunda tres pueblos, fueron la expresión máxima de ese modelo que busca un tipo de desarrollo a costa de las comunidades.

Un enemigo común también es, que para el poder económico y para algunas autoridades, los derechos de estas poblaciones, por ser indígenas o campesinas y vivir en espacios rurales, semirrurales o periurbanos, simplemente no son reconocidos; como se pudo observar, ni siquiera el derecho mínimo de informarles que sus territorios y modos de vida iban a ser transformados. El no reconocimiento de derechos humanos que conlleva discriminación e injusticia es propio de sociedades en las que existe una igualdad formal ante la ley, pero que no se asume ni ejerce en las realidades cotidianas.

Conclusiones

Si bien se hizo alusión a la idea de que la pedagogía son más que técnicas de enseñanza-aprendizaje, es importante resaltar que la pedagogía en sí, ha de definirse como aquél tejido de saberes que a través de la educación -como un referente colectivo y por ende que parte del individuo-, ha de ubicarse precisamente en éste último, a partir de la comprensión de sí mismo, de los otros y del entorno. (Rodríguez, 2009).

Por tanto, y desde la resistencia comunitaria, la educación como el medio vinculante de la pedagogía debe orientar al ser humano a conocerse en primera instancia más que como un sujeto individual y social, como un actor que esté en posibilidad de conducir su vida, comprender el mundo -en esas turbulencias e incertidumbres-, y a partir de ello, tratar de dar solución a los problemas y/o conflictos socioambientales desde su propia cosmovisión.

Desde tal posicionamiento pedagógico de la resistencia comunitaria, los casos de Jilotzingo y Temacapulín, forjan estilos de vida alternos al modelo hegemónico a través de sus prácticas de defensa del territorio, según el presente análisis interpretativo, y se encuentran algunos elementos similares en sus acciones, basadas principalmente en:

a) Una comunicación activa y abierta para edificar puentes con distintos sectores de la sociedad mexicana e internacional; no circunscribieron su oposición o sus quejas a los canales institucionales del gobierno, utilizaron diversos medios y formas creativas para socializar su rechazo hacia proyectos que los amenazaban como colectividades. Justo la práctica de comunicar eficientemente se constituyó en la mejor manera de confrontar al capital y al Estado, esta estrategia de informar, mediatizar, socializar, avisar, advertir y dialogar, se convirtió en el rostro de sus movimientos.

b) Una resistencia legal comunitaria que ha resultado muy importante porque ha sido a través de ella, que las luchas han encontrado cierto éxito en sus demandas, puesto que lograron detener, al menos temporalmente, los dos megaproyectos, lo cual se convierte en un aliciente para seguir manteniendo la resistencia y para ir diversificando las formas de defensa. No omitiendo que en México existe un panorama poco alentador en cuanto a la confianza en las instituciones impartidoras de justicia, pues hay importantes razones para percibir un ambiente de impunidad e injusticia, sin embargo en las últimas décadas del siglo pasado y las que van de este, gracias a la ampliación de acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, estos grupos poblacionales están recurriendo, cada vez con mejores resultados a los tribunales como estrategia de lucha y defensa.

c) Una denuncia pública, constante y decidida ante evidentes muestras de contubernio entre empresarios políticos que genera alianzas perniciosas para la vida de los territorios y las propias comunidades.

Por consiguiente, para los pueblos y comunidades indígenas, campesinas o rurales el adversario ha cambiado de máscara a través de los años, pero en esencia se siguen manteniendo las mismas intenciones contra esa cosmovisión o cosmovisiones: despojarlos, desplazarlos, marginarlos, utilizarlos como mano de obra en condiciones indignas, y en algunos casos, hasta aniquilarlos. Hoy día el nuevo enemigo, no tiene un rostro plenamente definido, pero es un modelo de vida nombrado neoliberalismo y extractivismo, que no tiene una nacionalidad o forma delimitada, pero al que se le puede asemejar a una hidra de Lerna, y al cual le estorban para cumplir con sus nociones pragmáticas de productividad, globalización, bursatilización de los BN, digitalización del mundo, hiper-conectividad, etcétera, la relaciones socioambientales que dichos grupos entablan con el medio ambiente y sus estilos de vida que simplemente no encajan en un esquema de consumismo exacerbado, pues su disfrute de la vida no tiene que ver con la compra ilimitada de mercancías, por lo tanto, dichos grupos no le resultan importantes al mercado, es decir, desde la lógica capitalista son prescindibles.

Pero ante este nuevo enemigo y por cada intento de despojo o destrucción del medio ambiente, está surgiendo una resistencia comunitaria que genera cada vez con más fuerza sentidos de vida alternos, donde se gestan al mismo tiempo pedagogías ambientales, una educación popular que forja seres humanos comprometidos con todas las formas de vida y defensores de ellas, comprometidos también con la paz, el respeto, la inclusión, la interculturalidad, en suma, con la edificación de otros mundos posibles y sustentables.

Referencias bibliográficas

Azamar, Alonso Aleida (2020) Valoración y evaluación de movimientos sociales y socioambientales. México; Universidad Autónoma Metropolitana

Baschet, Jérôme (2019) Resistencia, Rebelión, Insurrección. México, UNAM. Recuperado en: http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/487trabajo.pdf

Espinoza, Sauceda Guadalupe (2012) De desalojos, desplazamientos y derechos de comunidades indígenas y campesinas por grandes represas. El caso de El Zapotillo en los Altos de Jalisco. En Agustín Ávila Romero y Luis Daniel Vázquez (Coords.) Patrimonio biocultural, saberes y derechos de los pueblos originarios. México; CLACSO/Universidad Intercultural de Chiapas.

Lezama, José Luis (2008) La construcción social y política del medio ambiente. México, D.F.; El Colegio de México.

Paz, Salinas María Fernanda (2014) Conflictos socioambientales en México: ¿qué está en disputa? En María Fernanda Paz y Nicholas Risdell (Coords.) Conflictos, conflictividades y movilizaciones socioambientales en México: problemas comunes lecturas diversas. México; UNAM/Miguel Ángel Porrúa.

Rodríguez, Ortiz Angélica María (2009) ¿Cuál es el significado actual de la relación epistemología-filosofía-pedagogía? En Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Universidad de Caldas, Manizales, Colombia), vol. 5, núm. 1, enero-junio 2009, pp. 9-25

Rodríguez, Wallenius Carlos (2015) Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por territorios y bienes naturales en el México rural. México; Universidad Autónoma Metropolitana. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Rodríguez, Wallenius Carlos (2020) Defender los territorios frente al despojo. México; Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Rubén Mayén González (RMG), participante activo en la resistencia comunitaria de Jilotzingo, Estado de México, realizada el 26 de marzo de 2021.

Gabriel Espinoza Íñiguez (GEÍ), participante activo en la resistencia comunitaria de Temacapulín, Jalisco, realizada el 29 de octubre de 2020.

Aleida Azamar Alonso (AAA) Investigadora académica experta en conflictividad socioambiental, economía ecológica, proyectos extractivistas, defensa de los territorios etc., realizada el 22 de abril de 2021.

Notas